Cargar un coche eléctrico en Portugal podría salir más caro.

El nuevo Régimen Jurídico de la Movilidad Eléctrica (RJME), vigente desde el 19 de agosto de 2025, ha vuelto al Parlamento, esta vez con el foco puesto en cómo las nuevas normas pueden influir en el precio de la recarga de vehículos eléctricos en Portugal.

La Asociación Portuguesa de Operadores y Comercializadores de Movilidad Eléctrica (APOCME) -que agrupa a compañías como Prio.E, EDP Comercial, Galp Power, KLC y Mobiletric- advierte de que el marco legal actual no salvaguarda las inversiones realizadas por los operadores que han contribuido a construir y expandir la red de recarga del país. A su juicio, ese vacío puede trasladarse al bolsillo de los usuarios en forma de precios más elevados.

“El decreto-ley no protege las inversiones realizadas por quienes han estado en el mercado hasta ahora y que no pueden dejarse de lado. Se han hecho inversiones de muchos millones de euros por inversores privados”, afirmó Carlos Ferraz, presidente de la APOCME.

El dirigente explicó que esas inversiones se llevaron a cabo apoyándose en un conjunto de reglas y expectativas que orientaban al sector, pero que han cambiado de manera sustancial. Si no existe una protección específica o algún tipo de compensación, las empresas pueden verse incapaces de asumir por sí solas los costes de explotación de la red.

En la práctica, añadió, esto puede traducirse en dos efectos: por un lado, una subida del precio de las recargas para los usuarios; por otro, costes aún mayores en zonas con menor demanda, donde hay menos clientes para repartir los gastos de operación.

“El decreto-ley no menciona, por ejemplo, lo que son los costes fijos de operación en lugares con menor utilización; no hay una diferenciación positiva para esos lugares; por tanto, automáticamente, ahí también los costes podrían ser más altos”, señaló el presidente.

Menos competencia con el RJME

Según la asociación, el nuevo reglamento también podría recortar la competencia, favoreciendo una mayor concentración del sector en grandes grupos. “Nos parece que habrá aquí un embudo de lo que serán las ofertas en términos de empresas que puedan dar soporte a la movilidad eléctrica en Portugal”, sostuvo Carlos Ferraz.

Con menos operadores activos, los consumidores dispondrían de menos alternativas y habría menos presión para sostener precios competitivos, lo que igualmente podría desembocar en recargas más caras. Ferraz alertó de que, aunque la normativa abre la puerta a operadores extranjeros, complica la continuidad de pequeños operadores ya implantados en Portugal.

“Hay entidades en el comercio minorista, como supermercados, que operan uno o dos puntos de recarga de forma aislada. Con este nuevo modelo, garantidamente, no será fácil para esos operadores mantenerse en el mercado”, explicó.

Ante este escenario, la APOCME defiende ajustes en el periodo transitorio -que concluye a finales de este año- para permitir una adaptación más progresiva. Carlos Ferraz recalcó que la asociación no rechaza que el nuevo modelo conviva con el actual, en el que Mobi.E sigue actuando como entidad gestora de la red, pero reclama reglas claras, equidad en la calidad del servicio y una aplicación uniforme de los reglamentos.

¿Qué ha cambiado?

Entre las modificaciones introducidas por el RJME figuran medidas orientadas a modernizar la red de movilidad eléctrica y facilitar el acceso de los usuarios. Esto es lo que ha cambiado:

• Fin de la obligatoriedad de celebrar contratos con operadores.
• Pago directo en todos los puntos públicos.
• Simplificación de los procedimientos de licenciamiento.